Desde torturadores en la II Guerra Mundial hasta terroristas
El asilo político concedido al ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por los Estados Unidos, y seguramente similar trato para el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, para evitar que enfrenten un proceso por los delitos de genocidio en Bolivia, a raíz de la violenta represión en septiembre y octubre de 2003, forma parte de un largo historial de protección de los gobernantes estadounidenses a criminales, torturadores y terroristas del mundo. En la lista figuran desde el alemán Klaus Barbie, “el carnicero de Lyon” hasta Luis Posada Carriles, que requerido por la justicia venezolana está a punto de ser indultado por George Bush.
Estados Unidos ha concedido asilo político al ex ministro boliviano de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, en marzo del pasado año, según se ha confirmado hace pocos días en La Paz, y es altamente probable que similar medida vaya a beneficiar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien, junto al primero, es procesado por los delitos de genocidio y violación de los derechos humanos en la represión de septiembre y octubre de 2003.
La decisión tomada políticamente por el gobierno de George Bush (hijo) y jurídicamente por una corte de justicia, solo es una más de una larga historia de protección a criminales, torturadores y terroristas que los gobernantes de ese país han hecho durante más de 50 años.
Sin embargo, de los presidentes estadounidenses que se han movido en esa dirección, los republicanos se llevan el primer lugar. Lo hicieron con los criminales de guerra japoneses que practicaron técnicas quirúrgicas con prisioneros de la II Guerra Mundial, pasando por el “carnicero de Lyon”, Klaus Barbie, a quien trasladaron de la Alemania ocupada a Bolivia, hasta llegar a Luis Posada Carriles y Orlando Bosh, quienes tienen una larga historia de crímenes cometidos contra objetivos cubanos y dirigentes políticos latinoamericanos.
Barbie llegó a Bolivia en 1956, tras fugar con el apoyo de la inteligencia estadounidense de Alemania, donde empezó a ser requerido por Francia para responder por el exterminio de 14.000 personas de la resistencia francesa. Con su nueva identidad, Klaus Altmann, el alemán estuvo al servicio de las dictaduras militares de Banzer (1971-78) y Luis García Meza en 1980, además de la creación del grupo paramilitar “Los novios de la muerte” y similares servicios en el Perú.
El nombre de Osama Bin Laden no puede pasar desapercibido. Entrenado por la CIA y con financiamiento del Pentágono, el talibán, a quien se le atribuye el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, en septiembre de 2001, fue una ficha de vital importancia en la estrategia que Estados Unidos desarrolló contra la presencia soviética en Afganistán.
También destacan en esa lista de atentados contra los derechos humanos y numerosos convenios internacionales las decenas de detenidos, muchos de ellos sin acusación formal, en la base militar estadounidense de Guantánamo e incluso, como se ha denunciado hace un par de semanas, en portaaviones que ese país tiene navegando por los oceanos del mundo.
Pero si de pisoteo de derechos humanos se trata, la ilegal detención de cinco cubanos en Estados Unidos, por el solo hecho de haber denunciado al FBI los planes de terrorismo que se preparaban dentro y fuera de ese país, es una de las demostraciones más contundentes del concepto de justicia que los Bush tienen, según han denunciado organizaciones de varios países del mundo.
Amor con amor se paga
No es complicado encontrar ejemplos de la protección estadounidense a criminales, terroristas y torturadores confesos. La lista sería interminable y la condena social irreproducible.
El 2 de mayo pasado, en Miami, un disidente cubano dijo estar preparado para seguir actuando contra Cuba. La amenaza hubiese pasado desapercibida si quien la hizo no fuese Luis Posada Carriles, un amigo muy estrecho de la familia Bush y responsable de numerosos atentados en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Perú, México, El Salvador, Guatemala y los propios Estados Unidos.
Entre las acciones más conocidas de este cubano, oriundo de Camaguey, están la voladura en pleno vuelo de una nave de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976, provocando la muerte de 73 pasajeros, todos civiles, y el plan de asesinato contra el presidente cubano, Fidel Castro, en la Cumbre Iberoamericana que se desarrolló en Panamá en el año 2000.
A eso hay que añadir la participación activa de Posada Carriles en el suministro de armas desde la base salvadoreña de Ilopango a la contra nicaragüense, bajo las órdenes de Oliver North, un alto funcionario de la administración de Ronald Reagan involucrado en el escándalo Iran-Contras, en el que además se encontraron pruebas de lavado de dineros del narcotráfico.
La impunidad con la que actuaron Posada Carriles, su amigo Orlando Bosh, quien dijo “yo puse la bomba y qué” (en el avión cubano) y sus cómplices tiene su razón de ser por la estrecha colaboración que prestaron a varios presidentes de ese país en la ejecución de sus planes intervencionistas, según subrayan varias investigaciones. Reclutados por la CIA en la década de los 60, meses antes de la fracasada invasión a Playa Girón, ambos disidentes cubanos tuvieron la mejor protección en la segunda parte de la década de los 70, cuando George Bush (padre) estaba al mando de la máxima organización de inteligencia de los Estados Unidos.
Las investigaciones de numerosas organizaciones de derechos humanos vinculan a Bush padre y a los cubanos Posada Carriles y Orlando Bosh con la tenebrosa “Operación Cóndor” que varios presidentes de facto en América Latina, como Augusto Pinochet (Chile), Jorge Videla (Argentina) y Hugo Banzer (Bolivia), pusieron en marcha para perseguir, asesinar y hacer desaparecer a dirigentes y activistas de la oposición.
Los favores se pagan y las malas costumbres se aprenden. Por eso, en su periodo de gobierno, Bush padre mandó a liberar de la prisión, bajo la figura del indulto, al cubano Bosh, contra quien pesaban acusaciones de fraude y tráfico de armas, así como 18 días antes del ataque a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, Bush hijo, haciendo realidad el dicho popular “de tal palo tal astilla”, ordenó similar medida judicial a favor de José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, dos de los involucrados en el asesinato de Orlando Letelier, canciller del chileno Salvador Allende, y la ciudadana norteamericana Ronni Moffit.
El 20 de julio de 1990, Bush padre desestimó la sentencia de cárcel perpetua dictada contra Suárez y Paz, quienes antes de ser condenados estuvieron doce años huyendo del FBI, a pesar de estar incluidos en el programa televisivo America’s Most Wanted (Los más buscados de América) por su alto grado de peligrosidad.
La alianza de la mafia de Miami con la familia Bush, pues a la lista hay que incluir a Jeb Bush, se hizo más fuerte en los 70, cuando Bush padre recibió los créditos por haber frenado la ola de atentados que durante 18 meses sembraron pánico en el estado estadounidense y que se perpetraron incluso contra el Cuartel General de la Policía de Miami, puertos, avenidas públicas, correos, oficinas del Departamento de Justicia, del gobernador y hasta la propia sede del FBI. Los autores eran Posada y sus cómplices.
Posada Carriles, tras ser indultado en 2004 por la entonces presidente de Panamá, Mireya Moscoso, por el intento de asesinato de Fidel Castro, ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en 2005 con el apoyo de su amigo, Santiago Alvarez, quien hace poco ha sido puesto al descubierto por usar a funcionarios estadounidenses que trabajan en La Habana, en las oficinas de la SINA, para enviar dinero con el cual se financian las actividades de grupos disidentes como las “Damas de Blanco”.
Hace un par de meses, se ha denunciado que el actual presidente de EEUU está tramitando, con la idea de lograrlo antes de culminar su mandato, el indulto de Posada Carriles, quien está en libertad provisional, y del terrorista Eduardo Arocena, jefe del grupo paramilitar Omega-7 que en los 80 se atribuyó la responsabilidad de 55 atentados en territorio estadounidense y de seis en Puerto Rico, además de algunos asesinatos de independentistas boricuas.
Por eso no sorprende el asilo político concedido por Estados Unidos a Carlos Sánchez Berzaín, a quien Bush le debe muchos favores, como el de haber accedido, a pedido del embajador David Greenlee, en septiembre de 2003, a desbloquear con bala el corte de rutas que campesinos hacían en la altiplánica zona de Warisata, a escasos 20 kilómetros del valle de Sorata, de donde turistas estadounidenses e ingleses estaban deseosos de salir.
Por lo demás, casualidad o no, llama la atención que Sánchez Berzaín se haya convertido en “analista político” de la Tv Martí, de propiedad de la Fundación Cubano-americana y en la que estuvo hace poco, según ha denunciado el embajador boliviano en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, en compañía del prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
Los cinco y la contrajusticia estadounidense
El título que el destacado escritor uruguayo le dio a su libro “Patas arriba” sirve para tratar de entender la forma en la que Estados Unidos actúa en la lucha contra el terrorismo. Mientras por las calles de ese país caminan libres personajes como Luis Posada Carriles y Orlando Bosh, a los que hay que sumar ahora a los bolivianos Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada, un total de cinco jóvenes cubanos guardan detención, desde hace 10 años, por denunciar los planes terroristas que la mafia asentada en Miami preparaba contra la mayor de las antillas y dentro del propio territorio estadounidense.
En una clara señal del uso político del sistema judicial para lograr objetivos de política exterior, el pasado 4 de junio se ratificó la condena, emitida por tres jueces de Atlanta, contra René González, Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, quienes están presos desde 1998.
Lo raro es que no solo se ha ratificado la condena sino que se ha devuelto el expediente a la jueza federal de Miami Joan A. Lenard, quien en 2001, sin probar los delitos imputados, tendrá la tarea de la resentencia, según ha denunciado el abogado Leonard Weinglass.
La ratificación de la condena, que además fue determinada el día en que Gerardo Hernández cumplía años, implica el uso con fines de política exterior que se hace del caso, se ha subrayado por varias organizaciones de derechos humanos.
Gerardo Hernández, sentenciado a dos cadenas perpetuas por conspiración para cometer asesinato en primer grado y conspiración para cometer espionaje, respectivamente. Además, 15 años por los cargos de conspiración para cometer delito contra Estados Unidos, documentación falsa y agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
Ramón Labañino, condenado a cadena perpetua por el cargo de conspiración para cometer espionaje, más 18 años por los cargos de conspiración para cometer delito contra Estados Unidos, documentación falsa y agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
Antonio Guerrero, sentenciado a cadena perpetua por conspiración para cometer espionaje, más 10 años por los cargos de conspiración para cometer delito contra Estados Unidos y agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de estados Unidos.
Fernando González, 19 años de prisión por conspiración por cometer delito contra Estados Unidos, documentación falsa y agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
René González, 15 años de privación de libertad por los cargos de conspiración para cometer delito contra Estados Unidos y agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
Pero todo es poco en el país paradigmático de la democracia y la justicia. Sometidos a torturas físicas y psicológicas, los ciudadanos cubanos, que prestan detención en cárceles distintas, han sido prohibidos de recibir la visita de sus familiares, en una violación de los más elementales derechos humanos universalmente reconocidos.
*Hugo Moldiz Mercado (La Epoca)
16/6/08
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